El pasado sábado, de madrugada, la conocida actriz María León fue detenida por haber agredido, presuntamente, a una policía local de Sevilla. La artista, a través de sus redes sociales, ha negado dicha agresión y asegura haber sido víctima “de un abuso policial”; pero, a pesar de ello, será investigada por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Ante esta situación, hay quien se plantea si es posible garantizar un juicio justo en casos así, en los que el testimonio de los agentes puede ser prueba de cargo.
El delito de atentado contra la autoridad viene recogido en el artículo 550 del Código Penal y recoge penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 3 a 6 meses. En estos casos, y teniendo en cuenta la jurisprudencia existente, las declaraciones de los agentes pueden constituirse en prueba de cargo por sí mismas. Esto hace que los expertos se planteen cómo es posible garantizar un proceso justo en casos como el de María León y, por lo tanto, cómo se puede proteger la presunción de inocencia en estas ocasiones.
“En la mayoría de los procedimientos de estas características, nos encontramos con que las únicas pruebas son las declaraciones de investigado y agentes” explican desde Presunto Inocente, plataforma creada por expertos en abogacía que buscan defender la presunción de inocencia. Esto puede suponer un problema, ya que las declaraciones de los agentes pueden pesar más en el juicio, incluso siendo, de alguna forma, parte interesada.
Por este motivo, Teresa Julia Martín Puente, socia directora de Presunto Inocente considera que sería muy positivo que los agentes españoles incorporasen cámaras a su uniforme, para grabar sus actuaciones. Esta medida, que se aplica en EEUU desde hace casi una década, ha sido solicitada ya por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y está sobre la mesa de debate en el Congreso de los Diputados.
“Adoptar la medida de dotación de cámaras, tanto corporales como en los vehículos policiales, sería necesario para el establecimiento de transparencia y garantías jurídicas” aseguran desde Presunto Inocente. “Bastaría una simple revisión de dichas cámaras para despejar cualquier duda acerca de las actuaciones policiales y para poder esclarecer cómo se han desarrollado los hechos en un procedimiento de este tipo”, explican.
Tanto desde la AUGC como desde Presunto Inocente creen que implementar esta medida ayudaría a garantizar la integridad y los derechos, tanto de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como de los ciudadanos. “Teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento donde cada vez está más presente la tecnología en todos los campos, debemos utilizarla positivamente para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo cuando está en juego una condena que en algunos casos puede conllevar prisión”, afirma Teresa Julia Martín Puente, de Presunto Inocente.
Los expertos van, incluso, más allá y consideran que las cámaras no solo podrían ayudar a esclarecer presuntos delitos, sino que también podrían contribuir a reducir la delincuencia, actuando como medida disuasoria.
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